Valor Ambiental capacita a clientes mineros en la nueva Ley de Permisos Ambientales
Valor Ambiental, consultora especializada en permisos sectoriales, recientemente realizó junto al estudio de abogados Guzmán Ruiz y Toro un taller de capacitación sobre la Ley N° 21.770, Marco de Autorizaciones Sectoriales, y sus implicancias para la tramitación de permisos ante la Dirección General de Aguas (DGA). La actividad reunió a equipos técnicos de la consultora y representantes de empresas del sector minero, entre ellas BHP, CMP, Centinela y Albemarle, quienes analizaron los principales cambios que contempla la nueva normativa y sus efectos en la gestión de proyectos.
“Estamos llevando adelante un ciclo de capacitaciones asociadas a la aplicación de esta ley en los distintos organismos públicos donde generamos las tramitaciones. Lo que busca esta ley es agilizar los tiempos de tramitación de permisos, pero también estandarizar los criterios entre servicios. Hoy es común que un mismo organismo aplique plazos o exigencias distintas para el mismo permiso dependiendo de la región, y eso es precisamente lo que la norma intenta corregir”, explicó Marcela Miranda, directora ejecutiva de Valor Ambiental.
Un problema de fondo: la permisología frena la inversión
La Ley 21.770 fue publicada el 29 de septiembre de 2025, tras 18 meses de tramitación, y busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de los permisos que dependen de 37 servicios y 16 ministerios. El diagnóstico es contundente: en minería, un proyecto puede requerir entre 600 y 2.000 permisos, con tiempos de tramitación de entre 5 y 11 años en las iniciativas más grandes, superando en algunos casos hasta 2,7 veces los plazos legales. Según JP Morgan, cerca de US$93.000 millones en inversión permanecen hoy estancados en Chile por falta de aprobaciones.
Rodrigo Guzmán, abogado socio de GTR Abogados y relator del taller, destacó la importancia de anticiparse: “es muy recomendable prepararse de antemano, conociendo las lógicas que subyacen en esta ley (…) para definir la estrategia de obtención de permisos y autorizaciones”, señaló, agregando que la norma obliga a decidir qué técnicas habilitantes alternativas usar y qué derechos exigir frente a la administración.